La decisión del gobierno de subir del 35 al 44 por ciento el impuesto a la exportación de soja y de establecer aumentos móviles según vaya evolucionando el precio internacional, detonó el llamado ‘paro del campo' que se ha convertido en indefinido. No se trata de un rayo en cielo sereno: los conflictos del gobierno con las entidades agrarias han sido incesantes en toda la era K. Sin embargo, los K pusieron sus mejores empeños en mantener al peso artificialmente devaluado, por medio de compra de dólares.
Como consecuencia de esta política, ‘el campo' ha obtenido una renta de devaluación, a partir de exportar en monedas fuertes y pagar salarios e insumos con un peso débil. Los pulpos amigos del gobierno se beneficiaron como no lo habían hecho nunca; nos referimos a los agroexportadores como Cresud (Elsztain), Aceitera General Deheza (Roberto Urquía), Grobocopatel o el grupo Werthein. Se trata de grandes propietarios de tierras, que además manejan la exportación, el financiamiento de las cosechas y los puertos privados en el Paraná. Como se ve, la oligarquía está en los dos campos de la pelea (en el gobierno y en ‘el campo').
Pero la lista, incluso más significativa, incluye a las multinacionales automotrices que exportan el 80% de su producción; a los pulpos mineros que venden afuera el 95% de lo que extraen; y a la industria siderúrgica y del aluminio con las ‘emblemáticas' Techint y Aluar a la cabeza. A los monopolios petroleros hay que reservarles un lugar especial porque exportan el crudo con un 45 por ciento de retenciones, pero la nafta con solamente el 5 por ciento. Aunque los automotores no gozan de una situación ventajosa de precios en el mercado internacional, no se puede decir lo mismo de las otras ramas, cuyos precios han crecido, en un par de años, en un 500%.
Por qué la crisis
Es la primera vez en la historia argentina que la devaluación del peso acompaña un crecimiento de los precios internacionales, que en el caso de la soja, el maíz o el girasol ha aumentado unas cuatro veces, y el doble en el último año. En el caso de la carne, la ‘cuota Hilton' vale hoy más de 20.000 dólares la tonelada. En el pasado era al revés: la devaluación buscaba compensar la caída de la cotización de las exportaciones agrarias. Y aunque es cierto que el peso no se mueve de los 3,15 por dólar desde hace un año y medio, ha venido acompañando la devaluación del dólar, en un 15%, frente al resto de las principales monedas en los últimos ocho meses. A esto hay que sumar la duplicación del precio internacional de la soja, como resultado de la especulación internacional que ha desatado la devaluación internacional del dólar.
¿Por qué entonces la crisis, precisamente con ‘el campo' (que siempre tiene que ir encomillado porque expresa realidades sociales diversas y contradictorias)? Por la simple razón de que una política de devaluación de la moneda en un marco de suba de precios internacionales es lo más cercano a un cóctel explosivo. Es la receta para una hiperinflación, que el gobierno intentó contrarrestar mediante impuestos a la exportación cada vez mayores, incluyendo el establecimiento de un precio tope mediante la retención móvil. Pero los precios que se quieren controlar de este modo reaparecen por el lado de los costos de la producción, sea agraria o no, porque la suba internacional de los precios se difunde por toda la cadena. Así como el petróleo se fue a 100 dólares el barril, los servicios que atienden a la producción petrolera han crecido desmesuradamente. Lo mismo ocurre en el campo con los fertilizantes y las maquinarias.
El hecho es que a pesar del arsenal de retenciones, la carestía en Argentina se encuentra en el 25 por ciento anual - lo cual es la confesión total y absoluta del derrumbe de la política económica oficial.
Si esto no fuera suficiente para alimentar la crisis presente, hay una razón adicional: bajo el capitalismo, el Estado no puede imponer un gravamen que, siendo un 44 por ciento del precio, equivale a más del 80 por ciento del beneficio, no importa cuán alto este beneficio pueda ser en términos absolutos; los capitalistas, que son la clase dominante, no están al servicio del Estado sino que es el Estado el que tiene que estar al servicio de los capitalistas. El arbitraje del Estado entre los diferentes intereses capitalistas y con los trabajadores puede adquirir enorme flexibilidad, en particular si hay una crisis revolucionaria, pero tiene el límite que le fija el régimen social.
Fijar en estas condiciones un precio máximo (como el que imponen las retenciones móviles), que separa a los precios de la evolución de los costos, es una expresión de completa incoherencia y ha llevado la contradicción al paroxismo. El ministro de Economía, Losteau, dio expresión redonda a su completa incoherencia y al impasse del gobierno cuando dijo que necesitaba las retenciones para mantener la subvaluación del peso. Es el juego de la calesita: sacarle ‘al campo' 12.000 millones de dólares para mantener una devaluación que permita seguir con esa exacción.
Contradicción insuperable
El operativo no es, de todos modos, tan simple: el gobierno compra dólares para mantener al peso subvaluado, no con la plata ‘del campo' sino, en gran medida, mediante la emisión de moneda del Banco Central. La mayor parte de la recaudación por retenciones va al pago de la deuda externa, que el año pasado subió en casi 15.000 millones de dólares solamente por la indexación de la contraída en pesos. El aumento habría sido mayor si en lugar del índice de ajuste del secretario Moreno se hubiera aplicado el que corresponde realmente a la evolución de los precios. O sea que el gobierno ‘nacional y popular' le quiere ‘sacar' 12.000 millones de dólares ‘al campo' para seguir sirviendo a la deuda externa, cuyo servicio sube considerablemente en 2009, y poder mantener un dólar subsidiado para beneficiar a los exportadores.
Este rompecabezas insuperable de contradicciones explica el inmovilismo del gobierno ante la crisis, el desgraciado discurso de la Presidenta y la grotesca cruzada del piquetrucho D'Elía.
Crisis fiscal, crisis de Estado
La voluminosa polémica desatada por la crisis ‘del campo' ha dejado en un plano completamente oculto la verdadera raíz de lo que está ocurriendo. El funcionamiento del Estado y el servicio de su deuda no lo banca ni ‘el campo', ni ‘la industria', ni tampoco ‘el comercio'. La estructura fiscal nacional reposa sobre el IVA, ingresos brutos, cuarta categoría y otros impuestos al consumo, que a los trabajadores les lleva entre el 30 y 35 por ciento de los salarios. Mientras los asalariados aportan, de este modo, más del 50% del presupuesto, los capitalistas no aportan estrictamente nada: el 10-11 por ciento del presupuesto, que representarían ganancias e inmobiliario rural, es superado por las concesiones impositivas y los subsidios que les provee el Estado (esto vale también, digamos, para Gran Bretaña, donde, según un estudio de 2005, la clase capitalista es receptora de fondos del presupuesto, no contribuyente).
Todas las tentativas de actualizar la valuación fiscal de la tierra agrícola a su precio de venta han terminado en un fracaso. Al Estado capitalista lo mantiene una masa de trabajadores pauperizados, no la clase capitalista. La política devaluatoria y las retenciones son un recurso extremo para enfrentar una crisis fiscal del Estado argentino que afecte de forma mínima a los capitalistas, especialmente, claro, a los grandes.
A la luz de esta caracterización podemos hablar perfectamente de que estamos en presencia de una crisis de régimen y de Estado. Los economistas vulgares sustituyen esta caracterización por un torneo de culpas entre ‘el campo' y el gobierno. La salida a esta ‘crisis sistémica' pasa rompiendo el ‘sistema': derogando todo gravamen al consumo y descargando la totalidad de la financiación del presupuesto sobre la clase capitalista mediante impuestos elevados y progresivos.
No hace falta decir que cualquier reversión de la tendencia de la especulación internacional de materias primas, que es inevitable como consecuencia de la crisis capitalista mundial, deberá mandar al traste a toda la ‘ingeniería' fiscal del oficialismo. Una expresión, relativamente sutil pero no por ello menos significativa de la debacle de la orientación oficial, es que a pesar de la devaluación de la moneda la exportación argentina ha crecido paralelamente al promedio de otras naciones agrícoloexportadoras; las exportaciones de Brasil crecieron más que las de Argentina a pesar de la revalorización extraordinaria de su moneda, el real. ¿Por qué? Simplemente, porque no tuvieron que enfrentar la serie de crisis que se han ido produciendo desde 2003 con ‘el campo', ni los consecuentes cierres temporales de ventas al exterior.
‘El campo'
El precipitado derrumbe de la política oficial ha producido un movimiento agrario popular, pero dirigido por la capa superior del capital terrateniente, agroindustrial y agrofinanciero. Mientras el carácter popular del movimiento se ve en la composición de la mayoría de los cortes de ruta, su carácter oligárquico se manifiesta en su programa: disminución de las retenciones.
La directiva de la Federación Agraria ha acusado al gobierno de no tener en cuenta a la economía de los chacareros a la hora de aumentar los impuestos a la exportación, pero ella no tiene en cuenta los gigantescos beneficios económicos para los pulpos a la hora de reducirlos. Cuando las reivindicaciones se presentan en términos sectoriales o de rama, y no en términos de clases sociales, es inevitable que los reclamos de la capa baja de la cadena beneficien, incluso en mucha mayor medida, a la parte más alta.
La FAA, por otra parte, ha venido desarrollando una política sistemática de alianza con la Sociedad Rural y con los pulpos exportadores a través de Coninagro. La derogación o reducción de las retenciones perjudicará, por supuesto, a los consumidores, porque la obtención de un precio mayor desde la exportación repercutirá en el mercado interno. A los que dicen que la suba de las retenciones aumenta la vulnerabilidad del chacarero frente a los terratenientes o pulpos financieros, esto porque comprime su ganancia y capital de giro, hay que decirles que una reducción aumenta el precio de la tierra y con ello el arriendo al que recurren numerosos chacareros.
No es el precio internacional, sin embargo, o las retenciones las que deciden, en última instancia, claro, el destino del chacarero: ese destino está determinado por la estructura agraria y por la económica en general.
Los chacareros se han movilizado siguiendo, en su reivindicación principal, la línea de la menor resistencia, que no es necesariamente, o de ningún modo, la que les asegura su estabilidad o su progreso. Para esto último sería necesario privar a los 4.000 grupos que controlan el 50 por ciento de la tierra de su monopolio económico, y reconvertir a ese espacio en una explotación pública o en área de arrendamiento. Solamente así podría repoblarse el campo, lo cual no es un contrasentido en Argentina, dada la jerarquía de su espacio y de su potencial agrario. En lugar de pretender prosperar con una renta devaluatoria que acentúa la miseria de la mayoría de los consumidores, debería defenderse el principio de la nacionalización del comercio exterior, bajo control popular, para que los recursos internacionales sirvan a la industrialización de conjunto del campo.
Una crisis política en regla
El gobierno no ha ingresado en una inesperada crisis política por ineptitud, aunque es propio de un impasse convertir en inepto hasta al más sabio. El discurso de la Presidenta e incluso las exhalaciones de D'Elía son una prueba: el oficialismo se adjudica la enorme rentabilidad ‘del campo' que ahora le reprocha como una afrenta.
Es clara la situación sin salida del actual esquema económico; su reformulación no podrá evitar crisis aún mayores. Desde ya una parte del personal político del PJ se ha manifestado a favor del paro agropecuario (intendentes, gobernadores), cuando aún no se secó la tinta de la convocatoria electoral que debería consagrar presidente, por unanimidad, al cónyuge masculino de la pareja. El gobernador tucumano del 75 por ciento de los votos ha sido abandonado en masa por la oligarquía tradicional de la provincia y por muchos productores, afectados por las caídas de la demanda internacional de algunos rubros.
Si se mira bien, los principales opositores han salido a ofrecerle al gobierno una salida de cicuta en bandeja de plata: que se ponga de acuerdo con las entidades agrarias, hacer recular en dosis al gobierno para cobrarse la factura en las parlamentarias del año que viene. Es la salida más probable, pero ella se hará a expensas de los chacareros, que podrían obtener en mayor o menor medida el reclamo de suspender el aumento de las retenciones, pero que en nada evitará que carguen con el peso mayor de la caída de precios que ya plantea la crisis mundial. También pagarán la cuenta los amigos nacionalistas del gobierno, porque el pacto entrañará un freno a la devaluación del peso, con el crecimiento correspondiente de las importaciones de productos industriales. Pero incluso cualquier diálogo o acuerdo se perderá en el desaguadero cuando la crisis mundial se haga más manifiesta en Brasil, que ya ha producido un déficit descomunal de cuentas con el exterior, en el breve curso de 2008, debido a la remesa de ganancias y dividendos.
Puede llamar la atención que una crisis política en un régimen burgués haya sido desencadenada no por la clase obrera, sino por un conjunto de fracciones de la clase capitalista. La anomalía no es tal si se piensa que el síntoma más contundente del impasse de un régimen es la inconformidad de las clases que medran o se aprovechan de él, en tanto que para los trabajadores las tensiones de la sociedad capitalista son el pan de cada día. La oligarquía contribuyó fuertemente a socavar a la dictadura de Onganía; los acreedores de la deuda externa, Reagan y Thatcher, a los Galtieri; los Bunge y Born a Alfonsín; y los Techint y el Deutsche Bank (que debía pagar los seguros por un incumplimiento de la deuda externa) a De la Rúa.
Moyano, Yasky y D'Elía
La clase obrera se encuentra ausente en esta etapa de la crisis, pero esto no quiere decir que esté ajena a ella. Por empezar, está viendo el desguace de la CTA, cuya pata agraria se levanta contra el gobierno, mientras su pata docente hace de lamebotas del oficialismo y su ala piquetrucha de fuerza de choque.
Para aquellos sectores sindicales que señalaban a la CTA como la salida frente a la CGT, es una lástima que hayan dejado pasar Semana Santa para darle un merecido responso. Por el lado de la CGT, ungida columna vertebral del Kristinismo, ha oficializado a los ojos de todo el país su condición de fuerza de choque, que quizá pasó inadvertida en el Hospital Francés, en Sauce Viejo (Neuquén), en el Casino, en el Subte, contra la Fuba... y así de seguido.
Es la burocracia que entregó las paritarias por el 16 por ciento de promedio anual, cuando la inflación ha ido más lejos e irá más lejos aún al final de esta crisis. Ya se observan en los metalúrgicos, mecánicos y bancarios varios frentes de resistencia a esta entrega en las paritarias que aún no han cerrado. Gran parte de las motivaciones que llevaron a una parte media y superior de la clase media a movilizarse a partir de la noche del martes, tuvo que ver con el rechazo al patoterismo ‘sindical', o sea a una mafia que ha recibido la consagración oficial, cuando el asesinato del santafesino Berioz, del sindicato de camioneros, y de otros en otros sindicatos, están mostrando un cuadro de descomposición imparable, vinculado con el manejo de cuantiosas sumas de dinero.
La parte derechista de la pequeña burguesía que también caceroleó el martes no tiene capacidad política propia para darle una dirección política a una oposición popular, salvo en la medida en que la permanencia de la burocracia de los sindicatos y sus métodos patoteriles le arriman letra a su demagogia. La descomposición del nacionalismo burgués pone de manifiesto el lugar histórico irremplazable que tiene la construcción de una alternativa obrera y socialista.
Emprendamos una campaña política
¿Cómo arrancar en esta nueva etapa? En nuestra opinión, con una movilización política que traiga al escenario las grandes reivindicaciones obreras y populares, al mismo tiempo que oponemos al programa de frente único de los terratenientes y chacareros un programa que salde la revolución agraria y nacional que tiene pendiente históricamente Argentina, la expropiación de los grandes capitales latifundistas y financieros. De esta manera estaremos luchando para llevar al campo de la clase obrera combativa a los obreros del campo y a los pequeños chacareros, y contribuiremos a romper el frente con la oligarquía que han promovido las llamadas entidades agrarias.
Jorge Altamira
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